En otro de los movimientos dentro del gabinete, Miguel Ángel Castell asumió la Secretaría de Gobierno, una dependencia clave para la articulación institucional y el manejo de temas relacionados con la convivencia ciudadana. El nuevo secretario indicó que buscará aportar su experiencia en organizaciones sociales y movimientos comunitarios para fortalecer el diálogo entre la administración, la ciudadanía y el Gobierno Nacional.

Castell afirmó que entre las prioridades de su gestión se encuentran asuntos como el control del ruido, la seguridad y la organización del espacio público. Asimismo, señaló que trabajará de manera coordinada con otras dependencias para contribuir a la estabilidad institucional y atender las principales preocupaciones de la comunidad. “Hay varios temas sobre la mesa que requieren trabajo conjunto y diálogo permanente”, afirmó el funcionario.

Con estas designaciones, la administración departamental busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a los retos que enfrenta el Archipiélago, tanto en materia de gestión del riesgo como de gobernabilidad y convivencia ciudadana. Las autoridades esperan que la incorporación de los nuevos secretarios contribuya a impulsar proyectos estratégicos y a mantener una atención más cercana a las necesidades de la comunidad isleña.

Las autoridades indicaron además que el adolescente habría sido mencionado en investigaciones relacionadas con otros hechos que afectan la seguridad del territorio insular, por lo que el caso quedó a disposición de las entidades competentes para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

De manera simultánea, la Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos en distintos sectores de San Andrés para combatir el porte ilegal de armas y otros delitos que generan preocupación entre los residentes. La institución aseguró que mantendrá una presencia permanente en los barrios priorizados.

El CNE consolidará progresivamente la información proveniente de los 32 departamentos y del Distrito Capital, verificando la validez de los resultados y garantizando que cada etapa del escrutinio se desarrolle bajo criterios de transparencia, legalidad y seguridad jurídica.

Las autoridades explicaron que este procedimiento permite resolver reclamaciones, corregir posibles inconsistencias y ofrecer mayores garantías a los ciudadanos, los partidos políticos y los candidatos que participaron en el proceso electoral. Asimismo, resaltaron que la consolidación nacional constituye la fase definitiva antes de la expedición de las certificaciones oficiales.

La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género también socializó herramientas para la prevención de las violencias basadas en género, dando a conocer el funcionamiento del violentómetro, los diferentes tipos de violencia, las rutas de atención institucional y los mecanismos disponibles para denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de las mujeres.

También, las participantes recibieron orientación sobre la importancia de construir redes de apoyo comunitarias y familiares que permitan identificar señales de riesgo y fortalecer los procesos de acompañamiento. Las entidades destacaron que la información y la prevención continúan siendo herramientas fundamentales para enfrentar las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres.

Desde la coordinación de Seguridad Turística se reiteró que el objetivo principal es proteger a los visitantes y garantizar que los servicios contratados se presten dentro de los parámetros legales y de calidad exigidos. Asimismo, se destacó la importancia de mantener mecanismos permanentes de vigilancia para fortalecer la confianza en el destino turístico.

Prestadores de servicios formales respaldaron las acciones adelantadas por la administración departamental, señalando que el cumplimiento de los requisitos legales contribuye a una competencia más organizada y transparente dentro del sector. Además, consideran que la formalización ayuda a mejorar la convivencia y el orden en las principales zonas turísticas de la isla.

La actividad también permitió visibilizar proyectos enfocados en la transformación de alimentos tradicionales y el aprovechamiento de recursos agrícolas del Archipiélago. Preparaciones como ensaladas de mango y chufro llamaron la atención de asistentes y visitantes, quienes participaron en la muestra gastronómica organizada durante la jornada.

Emprendedores locales resaltaron que este tipo de espacios ayudan a incentivar la creatividad, el fortalecimiento empresarial y el reconocimiento del potencial agrícola de San Andrés. Además, destacaron que muchas de las propuestas buscan rescatar sabores tradicionales mientras se incorporan nuevas alternativas culinarias para el mercado local y turístico.

Sin embargo, la medida también ha generado reacciones entre representantes de usuarios del sistema de salud en el Archipiélago. Algunos sectores consideran que, aunque la protección de la niñez es prioritaria, la circular debería extenderse a otras poblaciones vulnerables como adultos mayores y pacientes con enfermedades de alta complejidad, quienes igualmente enfrentan dificultades en el acceso oportuno a los servicios médicos.

Representantes de la comunidad señalaron que el derecho a la salud debe garantizarse de manera integral y sin distinciones, insistiendo en que las acciones de control y respuesta rápida deberían cobijar a todos los pacientes que enfrentan situaciones críticas dentro del sistema de salud colombiano. El debate ha abierto nuevas discusiones sobre la necesidad de fortalecer la atención oportuna en todos los niveles del servicio médico.

También, se conoció que el menor presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por hechos relacionados con homicidio durante el año 2025 y daño en bien ajeno en 2026. Estos antecedentes hacen parte del material investigativo que actualmente analizan las autoridades judiciales en el marco del proceso correspondiente.

A su vez, la institución continúa desarrollando operativos preventivos y judiciales en distintos sectores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el propósito de fortalecer la convivencia y reducir los índices de violencia. Los controles incluyen labores de inteligencia, patrullajes y acciones focalizadas contra estructuras y personas vinculadas a actividades delictivas.

Los organizadores señalaron que varios de los proyectos presentados muestran un importante potencial de innovación, especialmente aquellos relacionados con soluciones tecnológicas para el territorio, manejo ambiental y fortalecimiento de procesos comunitarios. Asimismo, se destacó el interés creciente de los jóvenes por participar en procesos investigativos y científicos.

Los asistentes valoraron el encuentro como una oportunidad para incentivar la curiosidad, el pensamiento crítico y la construcción de nuevos conocimientos. Para muchos estudiantes, la actividad representó un espacio de aprendizaje y motivación que impulsa el interés por la investigación y el desarrollo académico dentro del Archipiélago.

De manera simultánea, desde el Congreso continúan las alertas frente a las dificultades que aún persisten en el cumplimiento de la sentencia de reconstrucción, especialmente cuando se aproxima una nueva temporada ciclónica. Entre las preocupaciones señaladas se encuentran las condiciones de los albergues, el deterioro de algunas vías y la falta de recursos suficientes para atender obras prioritarias tanto en Providencia como en San Andrés.

También se advirtió sobre problemáticas relacionadas con infraestructura vial y drenajes, aspectos que podrían representar riesgos adicionales durante la temporada de lluvias y huracanes. Las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer la articulación institucional para responder de manera más efectiva a las necesidades de las comunidades y garantizar mejores condiciones de prevención y atención de emergencias.