Los hechos investigados tuvieron lugar en 2018, cuando se presentaron aparentes irregularidades durante la suscripción de un contrato entre la administración departamental y Sanmiguel Castaño. El objeto del contrato era la construcción del Centro de la Cultura Hípica de San Andrés. Para la ejecución de esa obra se destinaron catorce mil setecientos millones de pesos. 

La Fiscalía en su investigación evidenció que al contratista se le habría realizado un anticipo del 50% de la obra, incluso cuando esta se encontraba suspendida por la insuficiencia de licencias ambientales. Se estima que el dinero apropiado en favor propio y de terceros alcanzó los 7.302’992.703 de pesos y el avance de la construcción sólo llegó al 0.31%. 

Según determinó el ente investigador, Lozano Bowie, como secretario de infraestructura durante dicho periodo, debió encargarse de la efectiva supervisión, verificación y ejecución del contrato de la construcción en mención; y, asimismo, debió velar por el correcto uso de los recursos públicos. 

Cabe resaltar que ninguno de los imputados aceptó los cargos de los cuales se les acusa.