La procuraduría general de la nación instauro una acción de tutela ante los jueces de San Andrés, para solicitar el traslado de 54 personas privadas de la libertad que se encuentran en condición de hacinamiento en el centro transitorio de detención ubicado en el sector de la rocosa.

 La procuraduría 85 judicial, radicó el requerimiento para proteger los derechos fundamentales a la dignidad, salud, trato digno y a la vida de los reclusos pues señaló que el lugar no brinda garantías para la atención en salud, así como tampoco una infraestructura adecuada para albergar y recibir personas. 

 Asimismo, indicó que no cuenta con los requisitos necesarios para el cumplimiento de las medidas restrictivas de la libertad que recaen sobre quienes son enviados a ese lugar, ni con las condiciones de aislamiento, distanciamiento y bioseguridad para reducir el riesgo de contagio y propagación del covid-19.

 Por tal motivo, la procuraduría solicitó que se ordene al inpec y a la comandante del departamento de policía, trasladar a los privados de la libertad a sitios de reclusión habilitados para su recepción. 

 Por último, el ministerio público pidió que se ordene a la gobernación del departamento realizar la adecuación, ampliación o modificación del inmueble donde funciona el centro transitorio de detención y se  requirió que se solicite a la gobernación, al inpec y a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (uspec), un plan para dotar a las presos de los elementos mínimos para preservar su dignidad y salud, como colchonetas, sábanas, almohadas y artículos de aseo.