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09 octubre de 2025
Miembros de la comunidad raizal se congregaron recientemente en San Andrés en el marco de un conversatorio promovido por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre la justicia con enfoque étnico y los sistemas propios de resolución de conflictos. Esta actividad hace parte de una iniciativa nacional que busca visibilizar las voces y prácticas tradicionales de las comunidades étnicas en el país, promoviendo su reconocimiento dentro del sistema judicial colombiano.
En este encuentro, se destacó la importancia de que las autoridades nacionales comprendan y respeten las formas ancestrales con las que los pueblos étnicos, como el raizal, abordan y solucionan conflictos. “Nuestra justicia propia se basa en la espiritualidad, el buen vivir y la armonía comunitaria”, fue uno de los mensajes reiterados por los asistentes, quienes recalcaron que este tipo de espacios permiten hacer visibles esas formas de justicia que muchas veces son ignoradas por el sistema oficial.
El conversatorio, organizado en conjunto con la Universidad del Valle y la organización Raizal Corporation, hace parte de un proceso que ya completa tres años, y que ha tenido como sedes a San Andrés, Providencia y Cali. Estas reuniones buscan documentar y sistematizar las prácticas de autoridades tradicionales como pastores, ancianos y líderes comunitarios, quienes desempeñan un papel central en la vida social y espiritual del pueblo raizal.
En este contexto, se discutieron las funciones de figuras tradicionales como los deck and boards, líderes religiosos y mayores de la comunidad, quienes actúan como referentes de autoridad moral para la resolución de conflictos. Estas figuras, desde su conocimiento ancestral, promueven soluciones centradas en la reconciliación y la cohesión social, en contraste con la lógica punitiva de la justicia estatal.
Uno de los objetivos clave del Ministerio de Justicia con esta iniciativa es reconocer formalmente estas prácticas dentro del marco normativo colombiano, promoviendo así una justicia intercultural que respete la autonomía de los pueblos étnicos. La Ley 21 de 1991, que ratifica el Convenio 169 de la OIT, y la Ley 1957 de 2019, que reconoce el derecho a la consulta previa, respaldan este enfoque, garantizando el respeto a los sistemas jurídicos propios de las comunidades.
Los organizadores insistieron en que para lograr una justicia verdaderamente incluyente es necesario avanzar en el entendimiento de los marcos territoriales y culturales específicos de cada comunidad. Integrar estas voces no solo fortalece el tejido social, sino que también enriquece el sistema judicial colombiano con visiones más humanas, espirituales y centradas en la convivencia.
