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29 de mayo de 2026
La Superintendencia Nacional de Salud anunció nuevas medidas para garantizar atención prioritaria a niñas y niños en condición de riesgo vital, estableciendo que las EPS deberán responder en un tiempo máximo de ocho horas frente a reclamos relacionados con casos que comprometan la vida o la salud de menores de edad en todo el país.
La iniciativa fue presentada mediante una circular impulsada por la Supersalud, con la que se busca reducir los tiempos de respuesta en situaciones críticas relacionadas con menores trasplantados, pacientes con enfermedades crónicas o víctimas de accidentes graves. La medida también contempla sanciones para las entidades que incumplan los tiempos establecidos, fortaleciendo así los mecanismos de vigilancia y control sobre las EPS y gestores farmacéuticos.
De acuerdo con lo explicado por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, las respuestas deberán entregarse de fondo y sin dilaciones, especialmente en aquellos casos donde exista amenaza directa contra la vida de los menores. Además, las entidades encargadas deberán identificar a los responsables de posibles retrasos, información que sería remitida a organismos de control como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
La circular permanecerá durante cinco días en etapa de comentarios antes de entrar oficialmente en vigencia en todo el territorio nacional. Con esta decisión, la Supersalud busca evitar que continúen presentándose demoras en la entrega de medicamentos, autorizaciones o procedimientos médicos para niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad.
Sin embargo, la medida también ha generado reacciones entre representantes de usuarios del sistema de salud en el Archipiélago. Algunos sectores consideran que, aunque la protección de la niñez es prioritaria, la circular debería extenderse a otras poblaciones vulnerables como adultos mayores y pacientes con enfermedades de alta complejidad, quienes igualmente enfrentan dificultades en el acceso oportuno a los servicios médicos.
Representantes de la comunidad señalaron que el derecho a la salud debe garantizarse de manera integral y sin distinciones, insistiendo en que las acciones de control y respuesta rápida deberían cobijar a todos los pacientes que enfrentan situaciones críticas dentro del sistema de salud colombiano. El debate ha abierto nuevas discusiones sobre la necesidad de fortalecer la atención oportuna en todos los niveles del servicio médico.
