Además, quien incumple puede enfrentar un proceso ejecutivo para el cobro de la deuda, embargos de bienes, cuentas o salarios e, incluso, investigaciones por el delito de inasistencia alimentaria cuando el incumplimiento sea injustificado.
Las autoridades también diferencian entre quien realmente no puede pagar y quien busca evadir su responsabilidad. Si se comprueba que hubo ocultamiento de bienes o una insolvencia simulada para evitar responder por los hijos, pueden existir consecuencias civiles y penales.
Esta información resulta de especial interés para las familias de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde conocer los derechos y deberes en materia de alimentos contribuye a proteger el bienestar de los menores y fortalecer la responsabilidad parental.