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28 de octubre de 2026
La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 146 de 2026, una iniciativa que busca establecer un Régimen Especial de Seguridad Ciudadana Integral para los departamentos insulares y las zonas fronterizas de Colombia, con prioridad para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La propuesta continuará su trámite legislativo hacia el segundo debate en el Congreso de la República.
La iniciativa, de autoría de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, busca fortalecer la respuesta institucional frente a los desafíos de seguridad que enfrentan los territorios insulares y fronterizos. La propuesta plantea una mayor articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales para atender las problemáticas que afectan estas regiones.
Entre las medidas contempladas se encuentra el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública, el combate contra la criminalidad y el mejoramiento de los mecanismos de control territorial. También se propone reforzar la vigilancia marítima y fluvial, teniendo en cuenta las condiciones geográficas del archipiélago y su ubicación estratégica en el Caribe.
El proyecto también incluye acciones de prevención del delito y la generación de mayores oportunidades para los jóvenes, como parte de una estrategia integral de seguridad. Asimismo, plantea la participación de la comunidad raizal en las iniciativas orientadas a proteger el territorio y fortalecer la convivencia, respetando su identidad cultural.
La propuesta busca responder a problemáticas como el narcotráfico, el microtráfico, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, el crimen organizado y las pandillas. De acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, estos fenómenos requieren mayor coordinación entre las instituciones y una presencia efectiva del Estado en las zonas insulares y fronterizas del país.
La representante Elizabeth Jay-Pang Díaz destacó la importancia de avanzar hacia una estrategia conjunta que permita fortalecer la seguridad y atender las necesidades de los territorios que comparten desafíos fronterizos. La iniciativa contempla no solo al archipiélago, sino también a otros departamentos del país que enfrentan dificultades relacionadas con delitos transnacionales.
