Durante su visita al departamento el fiscal general de la nación brindó información sobre los avances en la investigación del caso del tropical park.

En diciembre del 2017 se suscribió el contrato de obra 1865, en el cual se establecía la construcción del complejo recreo deportivo tropical :, este proyecto tuvo una  inversión de más de $12.000 millones de pesos, y que al día de hoy no ha sido concluido. Ante esto, el pasado mes de febrero  la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra exfuncionarios y contratistas por irregularidades en los contratos del levantamiento de las obras. 

Los peritos contables, financieros y técnicos de la Fiscalía establecieron que en el contrato de obra 1865 del 20 de diciembre de 2017, que contempló la construcción del parque, se habría presentado una apropiación ilícita de 7.248 millones de pesos.  De otra parte, en el contrato de interventoría 1873 de 2017 los dineros comprometidos ascenderían a 89’000.000 de pesos.

Adicionalmente, en las investigaciones quedaron en evidencia presuntas irregularidades como:

• permisos y licencias, diseños ni estudios de suelos.
• El contrato de obra fue firmado por una persona sin poder de representación que el consorcio autorizó dos días después de la celebración del mismo.
• El 50% del valor del anticipo entregado al contratista, supuestamente, fue destinado a cubrir otros asuntos que no tenían relación con el proyecto ‘Tropical Park’ y la interventoría habría usado parte del anticipo para el pago de obligaciones tributarias con la DIAN.

Siguiendo la investigación y durante su visita este fin de semana al departamento el fiscal  general  habló sobre el caso y los avances del mismo

“Sobre algunos casos entre ellos el Tropical Park, el cual es un caso importante, ustedes saben lo que significó ese elefante blanco en San Andrés, debo decir que nosotros presentamos escrito de acusación ante la corte suprema de justicia contra las cinco personas y este caso está pendiente de juicio” Indicó Francisco Barbosa.

La entidad además señaló que la investigación pudo llevarse a cabo gracias a ciertas irregularidades como la falta de planeación frente a la obra, pues no existieron estudios de mercado, solicitud de permisos y licencias, diseños, entre otros.

Cada uno de los procesados fue imputado según su posible participación en las anomalías detectadas, así:

• Exsecretaria de Turismo de la Gobernación de San Andrés, Paola Andrea Toro Piedrahita; y exsecretario de Infraestructura, Alejandro Lozano Bowie, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
• Exsecretaria de Infraestructura, Ninosthka Hudson Hernández, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documentos público.
• Contratista y representante legal del Consorcio Tropical Park 17, Andrés Sanmiguel Castaño, por el delito peculado por apropiación.
• Interventor Moisés Francisco Araujo Fuscaldo, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.