Según el Decreto 2762 de 1991, los empleadores que contraten a personas no residentes sin la autorización de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE) serán sancionados con multas sucesivas de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Para el cumplimiento del Decreto 2762 de 1991 es necesaria intervención de todos.