Por: Jerry Gordon

El  archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina enfrenta una creciente preocupación ambiental derivada de prácticas inadecuadas que amenazan su riqueza natural. La sobreexplotación de recursos, la disposición incorrecta de residuos y la caza indiscriminada de especies han encendido las alarmas de las autoridades y expertos. En este contexto, la veda de especies como la iguana y el cangrejo negro se convierte en una medida clave para la preservación de los ecosistemas locales, aunque aún enfrenta desafíos en su cumplimiento.

Para profundizar en esta problemática, en nuestro programa Pretty Islands Magazine contamos con la participación de Johnny Alejandro Walker Cárdenas, ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en procesos pedagógicos y magíster en educación de la Universidad de la Costa, además de contar con una maestría en energías renovables y gestión energética. Actualmente, se desempeña como coordinador del grupo de control y vigilancia de la Corporación Ambiental CORALINA, desde donde lidera acciones para la protección del entorno natural del archipiélago.

El ingeniero Walker Cárdenas, señala que una de las principales malas prácticas ambientales en el Departamento Archipiélago es la captura ilegal de especies en temporada de veda, especialmente del cangrejo negro, la cual durante su época de reproducción y de la iguana en su ciclo de desove. Estas acciones no solo afectan la biodiversidad, sino que alteran el equilibrio ecológico y comprometen la sostenibilidad de los recursos para las futuras generaciones. A esto se suman otras problemáticas como la contaminación por plásticos y el manejo inadecuado de residuos sólidos.

La veda, más que una restricción, debe entenderse como una herramienta de conservación que busca garantizar la reproducción y supervivencia de estas especies. Sin embargo, el éxito de estas medidas depende en gran parte de la conciencia ciudadana y del compromiso colectivo. Según el experto, es fundamental fortalecer los procesos pedagógicos y la educación ambiental en las comunidades, promoviendo prácticas responsables y el respeto por los ciclos naturales.

Finalmente, el llamado es a la acción conjunta entre autoridades, residentes y visitantes. La protección del archipiélago no es solo una tarea institucional, sino un compromiso social que requiere cambios en los hábitos cotidianos y una mayor sensibilidad frente al entorno. Solo a través de la educación, la vigilancia y la corresponsabilidad será posible preservar este paraíso natural, asegurando que sus ecosistemas continúen siendo fuente de vida y orgullo para Colombia.

Si identifica, a algún ciudadano cometiendo un delito ambiental, le invitamos a reportarlo de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional. Su colaboración es fundamental para proteger y preservar nuestro entorno.