Mañana el equipo de defensa colombiano presentará sus argumentos orales en la corte internacional de justicia, en el caso sobre las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar caribe. Entre tanto en San Andres existe una clara postura entre los isleños que se mantienen expectantes ante el curso de la demanda interpuesta por Nicaragua.

A la luz de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya correspondientes a una demanda interpuesta por el vecino país de Nicaragua contra Colombia, debido a aparentes violaciones de derechos en el mar caribe objeto de una histórica disputa, Teleislas News consultó la opinión de destacados profesionales sanadresanos conocedores del tema, quienes emitieron un análisis sobre la situación de Colombia en el proceso.

“Yo diría que la defensa que está realizando Colombia es una defensa tardía, porque lo que está haciendo hoy debimos haberlo empezado a hacer desde 2002 cuando Nicaragua presentó su demanda contra el estado colombiano para delimitar la zona en conflicto” Opinó Alberto Escobar Abogado sanandresano.

En similares términos también se refirió el historiador raizal, Samuel Robinsón, sobre el escenario al que se enfrenta Colombia en la Corte Internacional de Justicia, tras un fallo previo en el que parte de su territorio fue cedido a Nicaragua.  

“En estos momentos yo puedo decir personalmente que fue un litigio mal manejado y despreocupado del gobierno nacional viene más de 100 años que estamos pidiendo al gobierno central tener en cuenta la importancia que tiene esos territorios, esos mares para nosotros, posteriormente llegan varios presidentes donde siempre se ha solicitado la importancia que tiene el archipiélago o los raizales, porque el mar es la vida del raizal, pero no hubo ese llamado para que colaborarán con eso” Indicó Robinson. 

Ambos consultados por esta casa periodística, coinciden al señalar que Colombia debió incluir desde un principio a la comunidad étnica raizal entre sus representantes ante la CIJ y no como se ha hecho posterior al fallo de 2012. En ese sentido tanto Alberto Escobar, como Samuel Robinson, hicieron memoria de la solicitud realizada por el entonces representante a la cámara Jiménez Walters. 

“El doctor Jiménez Walters siendo representante a la cámara solicitó al gobierno que enviarán a alguien de la comunidad se aprobó en el congreso por unanimidad y no se hizo. Entonces yo creo y lo digo con todo respeto, el gobierno nacional nos tiene en ese sentido abandonados. Ojalá Dios no quiera que vayamos a perder más territorio” Agregó Robinson. 

En línea con lo anterior se mostraron críticos con respecto a las intenciones que a su consideración tiene Colombia con la inclusión del denominado Raizal Team dentro de los procesos.

“La corte dijo, ni Colombia ni Nicaragua demostraron que en la zona en conflicto había asentamientos urbanos, entonces hoy es lo que está tratando de hacer el gobierno nacional mostrando que hay un asentamiento, que hay unas personas que tuvieron unos derechos y unas prácticas ancestrales a ver si la corte internacional reconoce, ordena a Nicaragua que deje que los raizales sigan explotando su mar territorial. Pero en esta sentencia que va a dictar la corte, aquí no se va a decidir nada sobre el mar territorial porque ya eso está dicho” Agregó Escobar 

En cuanto a las exigencias realizadas por Managua a la CIJ en noviembre de 2013 en el sentido de que Colombia derogue leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa; ambos se mostraron optimistas.

“Ojalá se pueda llegar a un acuerdo porque realmente eso nos preocupa a todos los de la comunidad que vive en este archipiélago, para mí soy optimista y confío en Dios de que podamos llegar a un acuerdo con Nicaragua en ese sentido” Finalizó Robinson. 

Mañana será el turno de Colombia de presentar sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia, en defensa de la declaratoria realizada en septiembre de 2013 desde Bogotá, en la que se definió una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, objeto de la demanda del vecino país centroamericano.