Luego de que se declarara la nulidad del incidente de desacato interpuesto por la Procuraduría por errores de procedimiento, el juzgado adelantó una individualización de responsabilidades dirigida a los representantes legales de las entidades involucradas. La providencia judicial exigía la reparación de los daños ocasionados a la planta desalinizadora, presuntamente causados por trabajos de infraestructura vial ejecutados por la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22, en convenio con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA). Sin embargo, según el juzgado, no existen avances tangibles ni acciones efectivas que garanticen la solución al problema estructural.

A pesar de la advertencia institucional y de los reiterados llamados al cumplimiento del fallo, el suministro de agua potable sigue interrumpido para miles de residentes de la isla, situación que se agrava ante la llegada de la época seca, lo que incrementa la demanda hídrica y eleva el riesgo sanitario y social en las zonas más afectadas. Las autoridades judiciales han precisado que la omisión prolongada representa un desacato que afecta directamente a la comunidad y contraviene lo ordenado en el marco de la tutela.

Mientras persiste la falta de acciones concretas para restablecer el servicio, la preocupación aumenta entre los organismos de control y la ciudadanía. El caso evidencia una grave falencia institucional en el cumplimiento de los mandatos judiciales y deja en evidencia la urgente necesidad de restaurar la infraestructura dañada. El juzgado continuará con el seguimiento del caso, mientras la población espera una pronta respuesta que les devuelva el acceso a un servicio básico esencial.