La decisión se toma a partir de una acción popular interpuesta por la Procuradora Ambiental Sara Pechtall para garantizar los derechos e intereses colectivos y salvaguardar los recursos marinos. El fallo exige el desmonte de instalaciones, la realización de estudios periódicos, la correcta gestión de residuos y el traslado de negocios que operen en estas áreas, con el propósito de impulsar un turismo sostenible y proteger la Reserva de Biosfera Seaflower.

Dentro de la sentencia se establece que los días de cierre en Haines Cay deberán estar libres de visitantes para llevar a cabo mantenimiento y embellecimiento de las zonas, así como estudios técnicos que determinen el estado actual de los ecosistemas marinos, incluyendo corales, pastos, arenas, aguas, suelos y recursos renovables. Estos análisis también evaluarán el riesgo de impactos ambientales, sociales y económicos y la capacidad de recepción de servicios públicos en la zona.

El tribunal señala que estas medidas podrán ampliarse en caso de que sea necesario para garantizar la preservación y protección del ecosistema. La sentencia subraya que el deterioro constatado representa una amenaza para el patrimonio natural y requiere una intervención inmediata para evitar daños irreversibles