Además de la preocupación económica, los voceros comunitarios expresaron su descontento con la falta de representación frente a decisiones que afectan directamente la dinámica territorial del archipiélago. En sus palabras, se sienten desplazados en su propio territorio y exigen mayor atención a las necesidades reales de quienes han vivido y trabajado allí de forma constante.
Esta problemática, también generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios expresaron solidaridad con los comerciantes y pidieron una intervención urgente de entidades como la Gobernación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Para muchos, la situación pone en evidencia la necesidad de una política clara de uso del espacio público costero que respete la identidad local.
La comunidad ha reiterado que el bloqueo continuará de manera pacífica hasta que haya una respuesta formal y presencial por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, solicitan que se les informe sobre los planes previstos para el sector y se abra un espacio para el diálogo.