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26 diciembre de 2025
El Gobierno Nacional y las autoridades del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina avanzan en la definición de acciones urgentes para fortalecer la seguridad, en medio de la creciente preocupación ciudadana por el aumento de hechos de violencia, delincuencia y extorsión que afectan la convivencia y el desarrollo del territorio.
El tema fue puesto sobre la mesa recientemente en el Congreso de la República, donde se alertó sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas y coordinadas que permitan proteger a la comunidad y garantizar la estabilidad social y económica del departamento, cuya principal fuente de ingresos es el turismo.
En el debate legislativo, se expuso el impacto que la inseguridad genera en un territorio pequeño y altamente dependiente de la actividad turística, señalando que el problema no solo compete a la fuerza pública, sino que requiere una respuesta integral desde diferentes instancias del Estado y del orden social.
En ese contexto, se insistió en la importancia de priorizar la seguridad como eje central de la gestión pública, teniendo en cuenta que la percepción de riesgo afecta directamente la imagen del archipiélago, la confianza de los visitantes y las oportunidades para la población local.
De esta manera, se planteó la necesidad de implementar un plan integral de desarme y atención social, enfocado especialmente en jóvenes y comunidades vulnerables, como una estrategia sostenible para enfrentar las causas estructurales de la violencia y prevenir su repetición en el tiempo.
Como respuesta a estos llamados, el Gobierno Nacional, la Policía y el Gobierno Departamental han intensificado el trabajo articulado en materia de seguridad, incorporando más de 60 nuevos uniformados, reforzando los patrullajes preventivos, aumentando la presencia institucional en puntos críticos y fortaleciendo los controles y operativos de vigilancia.
