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21 noviembre de 2025
El Viceministerio del Interior encabezó una agenda de trabajo en San Andrés orientada a reforzar la prevención, la protección y la articulación institucional, en desarrollo de dos sesiones clave: el Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas y la segunda plenaria del CIPRAT, en el marco de la Alerta Temprana 028 de 2022.
Las entidades presentes enfocaron sus esfuerzos en fortalecer los mecanismos de identificación y respuesta frente a dinámicas que impactan la seguridad, la convivencia y los derechos humanos de la comunidad raizal y residente. Esta labor conjunta buscó afianzar la presencia del Estado en un territorio con retos particulares derivados de su posición geográfica y condición turística.
En esta la jornada, del Comité Departamental contra la Trata de Personas, las autoridades nacionales resaltaron los avances logrados en la conformación de estructuras institucionales en todo el país. Se destacó que la creación de 32 comités departamentales y más de 550 municipales constituye un paso fundamental para enfrentar un delito que afecta a personas engañadas con falsas ofertas laborales y expuestas a vulneraciones debido al régimen migratorio especial del archipiélago.
El Viceministerio señaló que San Andrés es una zona prioritaria en la lucha contra la trata por su cercanía con Centroamérica y su dinámica turística, lo que aumenta los riesgos de captación y explotación. En este contexto, la orientación es continuar difundiendo información, promoviendo la denuncia y fortaleciendo las capacidades locales para prevenir la vulneración de la dignidad humana.
La segunda sesión del CIPRAT mostró el compromiso del Gobierno Nacional con la prevención y la respuesta temprana frente a las situaciones de riesgo señaladas por la Alerta Temprana 028. Las autoridades anunciaron que se han identificado acciones específicas para fortalecer la atención territorial, incluyendo el trabajo con organizaciones comunales y la socialización de un banco de proyectos que busca garantizar inversiones directas en el archipiélago.
Como resultado de la reunión plenaria, se acordó una ruta conjunta de trabajo hacia 2026, orientada a consolidar la presencia institucional y a robustecer las estrategias frente a riesgos como la trata de personas, la desaparición forzada y otras dinámicas que afectan a la comunidad raizal. Esta hoja de ruta será la base para coordinar esfuerzos entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.
