El ente de control aseveró que, a pesar de que el tribunal ordenó medidas cautelares desde el 2022, dos años atrás, y de contar con una acción popular que hizo primar los derechos colectivos de los habitantes de la zona, las descargas constantes de aguas residuales persisten en el sector de Schooner Bight. Esto se debe a la falta de un sistema apropiado para el manejo y recolección de estos desechos líquidos.
La Procuraduría también advirtió que, de manera irresponsable y deliberada, el INPEC y la USPEC han incumplido la orden judicial emitida desde el 2022. ¿En qué consistía la orden? Remover las tuberías que salen a los predios vecinos para evitar afectaciones a quienes habitan en las zonas aledañas a este centro carcelario.
La Procuraduría acudió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés (Coralina), que en su visita más reciente de seguimiento a la cárcel ‘Nueva Esperanza’, evidenció una infracción ambiental relacionada con la prohibición de verter aguas en calles, calzadas y canales o alcantarillados para aguas lluvias.
“Hemos hecho diferentes seguimientos y en todos hemos tomado muestras de agua residual, corroborando que, efectivamente el flujo de agua es continuo, constante y no ha cesado durante el tiempo”, enfatizó Johnny Walker, miembro de Coralina.
La comunidad del sector también ha expresado su sentir frente a la situación que atraviesan por esta problemática reiterativa:
“La comunidad encuentra con positivismo ese incidente de desacato para que se busque una solución puntual al tema de tratamiento de aguas del Inpec y el Uspec que es el encargado de esos temas administrativos genere esa trazabilidad y esa gestión para que se pueda lograr un feliz término para que se solucione esta problemática que está afectando constantemente a la comunidad y ha generado en el pasado enfermedades a moradores de la zona”, afirmó Yihad Zabián, líder de la comunidad de Schooner Bight.
Finalmente, el Ministerio Público aseguró que adelanta esta actuación con el fin de garantizar, entre otras, el goce de un ambiente sano y la salubridad pública, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley.