De acuerdo con la Gobernación, son más de 30 predios los que actualmente están vinculados a procesos de extinción de dominio en el archipiélago. Durante la reunión sostenida hoy, las autoridades locales insistieron en que no se pueden tomar decisiones virtuales sobre un tema que afecta de manera estructural al pueblo raizal. La exigencia es establecer una ruta de diálogo presencial que aborde no solo casos puntuales, sino la situación general de las familias y sus derechos sobre el territorio.

En ese sentido, el gobernador Nicolás Gallardo Vásquez anunció la convocatoria a una mesa ampliada el próximo 29 de agosto, en la que participarán la SAE, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, diputados y representantes de la comunidad. Este encuentro busca definir un marco claro sobre el uso, usufructo y administración de los bienes de la SAE en el territorio, garantizando que las decisiones respondan a las particularidades étnicas y culturales del departamento.

El secretario del Raizal Council, Jairo Rodríguez Davis, reiteró que la lucha no se limita a una defensa patrimonial, sino que tiene un trasfondo ligado al reconocimiento del territorio como espacio étnico ancestral, que merece ser protegido bajo normas especiales. Tanto las autoridades locales como los líderes comunitarios insistieron en que no se permitirá que los predios sean vendidos o enajenados sin un consenso previo que respete los derechos de la población isleña.