16 de octubre de 2026
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras identificar presuntas fallas en la prestación de los servicios médicos, la gestión administrativa y financiera, y el cumplimiento de los planes de mejoramiento desde 2022. Para asumir el proceso fue designada la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora.
La decisión se tomó luego de las acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, durante las cuales se evidenciaron limitaciones en la capacidad de respuesta del hospital, institución de tercer nivel de complejidad que atiende a más de 60.000 usuarios en el archipiélago.
De acuerdo con el informe de la Supersalud, de los 59 servicios habilitados, 13 no estaban siendo prestados. También se identificaron dificultades para garantizar la disponibilidad permanente de distintas especialidades médicas, entre ellas cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología. A esto se suma que la institución contaba con un solo cirujano general para atender diferentes servicios.
En materia de atención asistencial, el organismo de vigilancia encontró pacientes con esperas quirúrgicas superiores a un año, además de 3.676 estudios radiológicos pendientes de lectura. Estas situaciones fueron señaladas como factores que limitan la oportunidad en la atención y la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población.
La inspección también detectó deficiencias en la infraestructura, el estado de algunos equipos y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Según el reporte, estas condiciones representan riesgos para la seguridad de los pacientes en procedimientos relacionados con la prevención de infecciones, la limpieza y desinfección, la esterilización, la seguridad transfusional y el funcionamiento del laboratorio clínico. Asimismo, se reportaron faltantes de medicamentos e insumos, junto con falencias en los controles de inventario, dispensación, almacenamiento y conservación.
En el componente financiero, la Supersalud advirtió problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en la información de los estados financieros, lo que dificulta determinar con precisión la situación económica del hospital. También reportó un rezago en la facturación cercano a los 3.605 millones de pesos, con corte a diciembre de 2025, y la falta de acciones efectivas de recaudo. A estas observaciones se suma la falta de entrega de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos, pese al anticipo del 50 % por 858 millones de pesos, debido a que no se habían realizado las adecuaciones físicas necesarias para su instalación.